Lunes 09 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa    Maniobra
Cristóbal López financió su compra de Petrobras con impuestos impagos (¿LUEGO SE HABRÁ ACOGIDO A MORATORIA AD HOC?)
El empresario patagónico Cristóbal López compró los activos de Petrobras en la Argentina y fondeó su holding de compañías con más de $ 1200 millones en impuestos que dejó de pagar
 a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo hizo 
durante más de un año y luego incluyó esta deuda tributaria en un plan 
de pagos a 10 años, que licua lo adeudado gracias a una tasa de interés 
inferior a la inflación
La compra de Petrobras Argentina por parte de López
 repitió así la estrategia con que la familia Eskenazi, también de 
estrecho vínculo con el kirchnerismo, ingresó en YPF, cuando pagó a 
Repsol con las utilidades futuras de la propia petrolera. En el caso de 
López, acordó pagar en cuotas a 30, 60 y 90 días que solventó, no con 
las ganancias de la refinería y las estaciones de servicio que recibió 
el 2 de mayo de 2011, sino con los impuestos que no giró a la AFIP.
López y su socio Fabián de Sousa también usaron el 
fondeo generado por esos impuestos impagos para financiar empresas del 
Grupo Indalo, entre otras, la Inversora M&S y Oil M&S, con las 
que pagaron los salarios en Paraná Metal y completaron la llegada al 
Banco Finansur y a medios que eran del empresario Daniel Hadad.
La maniobra tributaria quedó registrada en los balances
 de Oil Combustibles, según verificó la nacion. Allí consta que 
Petrobras entregó la refinería San Lorenzo y sus estaciones de servicio 
con sus cuentas fiscales en orden. Pero en junio de 2011, apenas un mes 
después del ingreso de López y De Sousa, el rojo tributario subió a $ 
179,9 millones, y saltó a $ 1262,9 millones en junio de 2012, cuando la 
empresa cerró su último balance.
Desde la compañía confirmaron que la compra de los 
activos de Petrobras -que se investiga si se completó gracias al pago de
 sobornos a ejecutivos brasileños- se fondeó con esos impuestos impagos.
 Pero indicaron que se trató de una maniobra legal y que la empresa se 
acogió de inmediato a sucesivos regímenes de asistencia financiera (RAF)
 previstos por la AFIP, para luego unificar esos regímenes en un único 
plan de pagos cuando el organismo abrió esa opción durante los primeros 
meses de este año.
              
Expertos energéticos y tributarios indicaron a LA 
NACION, sin embargo, que la maniobra jugó al límite de la legalidad y 
que la cercanía con el poder político tuvo efectos evidentes: el 
resultado hubiera sido distinto si cualquier otra petrolera hubiera 
retenido los fondos ingresados por el impuesto a la transferencia de los
 combustibles (ITC), que debe abonarse en cuatro anticipos y a mes 
vencido.
 
 
