La pobreza se determina según la capacidad de acceso de una persona o familia a la canasta básica total de consumo, en tanto que la indigencia se define a partir de la capacidad de acceso a una canasta básica alimentaria. El costo de ambas canastas se calcula de acuerdo con el Indice de Precios al Consumidor (IPC), que elabora el Indec, hoy en el ojo de la tormenta a raíz de la nula credibilidad de sus índices.
A fines de 2006, el Indec fue intervenido, se cambiaron funcionarios y se adoptaron criterios de cálculo estadístico que nunca fueron expuestos en comunicado alguno. El IPC resultó alterado y la inflación comenzó a ser subestimada por el organismo con finalidades políticas.
Para ilustrar la brecha entre la realidad y los números oficiales, basta decir que, entre marzo de 2007 y marzo último, el IPC registró una inflación del 8,8 por ciento, mientras que las estadísticas provinciales la establecieron en torno del 28 por ciento para el mismo lapso. Una subestimación de 20 por ciento que, en el caso de los precios de los alimentos, asciende al 30 por ciento.
Esta alteración hace que se considere no pobre a quien es pobre, y no indigente a quien lo es, pues las cifras de la inflación inciden en las de la pobreza. La manipulación del IPC distorsiona, entonces, la extensión de la pobreza y de la indigencia en el país. En octubre de 2002, la pobreza alcanzaba al 57,5 por ciento de la población y desde entonces se redujo hasta llegar, en el segundo semestre de 2006, al 26,9 por ciento de la población.
El resultado publicado por el Indec para el primer semestre de 2007 consignó que, en todo el país, el 23,4 por ciento de la población se mantenía inmersa en la pobreza, pero para arribar a ese resultado se empleó el IPC alterado.
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