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- Política
- 03/08/15
Las escuchas de la ex SIDE: negocios y vínculos con la Justicia
DENUNCIAS POR ESPIONAJE.
Un nuevo libro relata las tramas de corrupción que manejaban Stiuso y su rival interno en el organismo. Claudio Savoia.
l Gobierno busca cauterizar la enorme grieta que causó en su sofisticado aparato de espionaje interno la guerra contra el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso, a quien finalmente jubiló pero todavía le achacan hasta el último de los cuantiosos delitos que se cometían desde la ex SIDE. Una investigación judicial iniciada con una maniobra irregular de Stiuso y sus allegados muestra cómo su adversario interno en el organismo, Fernando Pocino, manejaba una red de negocios, tráfico de influencias y espionaje ilegal sobre los ciudadanos. Un detalle: aunque Cristina ahora lo quiere esconder, Pocino es el directivo de la ex SIDE más poderoso que abrazó el kirchnerismo y participó de sucesivas operaciones ilegales para el Gobierno. Y que sigue en actividad.
El expediente conocido como Dark Star, por el nombre de una agencia privada de seguridad que Stiuso y los suyos usaron como excusa para pinchar ilegalmente cientos de teléfonos (ver aparte), reveló que la línea interna de la ex SIDE encabezada por Pocino e integrada entre otros por los espías Alejandro Motta, Enrique “El Viejo” Barbuto, Eduardo Martínez y Fabián Campos tercerizaba tareas de inteligencia y organizaba negocios personales junto a la agencia de seguridad C3, dirigida por Leonardo Scatturice. Tal como relata en detalle el libro “Espiados” (ver aparte) y la semana pasada publicó parcialmente el diario Perfil, las escuchas ilegales registraron una trama de negocios en los que Scatturice –un joven empresario relacionado con el servicio de Inteligencia de la policía bonaerense que tiene máxima llegada al ala más kirchnerista de la ex SIDE– aparece operando junto a Pocino y sus subordinados para copar el organismo en 2013, desplazar a Stiuso y coordinar tareas de espionaje ilegal con el ahora retirado general César Milani (a quien una escucha señala como posible jefe de “un ente nuevo para ponerlo de vuelta por debajo del sistema regulatorio de inteligencia”), ganar una auditoria en el club Independiente supuestamente gracias a la influencia del jefe de la AFIP “Toto” Echegaray (sic) y el diputado porteño Cristian Ritondo, o anticipar y eventualmente impedir la publicación de notas periodísticas, tarea encomendada al periodista de Perfil Fernando Oz (ahora supuestamente alejado del diario).
Otro de los objetivos de Pocino-Scatturice y sus clientes era el de influir sobre la justicia, particularmente la del fuero federal. Según las escuchas telefónicas publicadas en “Espiados”, el encargado de operar en ese campo es el juez del Tribunal Oral Federal 22 Gabriel Nardiello, apodado “Ginóbili”. Según las transcripciones judiciales, lo utilizaban como un hombre de consulta en Comodoro Py, y un nexo con otros jueces y fiscales. El 19 de marzo de 2014, Scatturice habla con una persona identificada como Gustavo Burgos sobre un supuesto encuentro entre Nardiello y el empresario de medios Daniel Hadad, en el que el juez habría contado que uno de los jueces “que ocupa el tribunal” (sería el de la tragedia de Once, muy importante para C3 porque había logrado ser contratada por los hermanos Cirigliano) es “íntimo amigo de él y a los otros dos los conoce”. En conversaciones incorporadas al expediente de la causa Dark Star, Scatturice da cuenta de sus supuestos contactos en la Justicia. El 4 de abril de 2014, el CEO de C3 le cuenta a un interlocutor que “el otro día” comió con dos fiscales del fuero Penal Económico, dos fiscales del fuero Penal Tributario y sus esposas, y que éstos le dijeron “que están a disposición de él en todo, en cuanto esté dentro de la ley”.
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- 03/08/15
La vigilancia K contra todos los argentinos
DENUNCIAS POR ESPIONAJE.
Salió el libro "Espiados", del periodista Claudio Savoia
Más de cinco mil agentes que reportan en la ex SIDE, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, cuya principal tarea es vigilar a los ciudadanos, recoger información sobre ellos, procesarla y archivarla en bases de datos que luego pueden ser consultadas por funcionarios de todo el país son sólo la punta más visible del complejo aparato de espionaje del Gobierno sobre los argentinos. Tal como muestra el periodista Claudio Savoia en su libro “Espiados”, oficinas estatales creadas con otros fines, como la AFIP, la Inspección General de Justicia o la Unidad de Investigación Financiera funcionan ahora como agencias de espionaje que cada vez reúnen más información personal, familiar, patrimonial y económica de los argentinos.
Cómo operan los infiltrados en las organizaciones sociales o los clubes de barrio, y qué hacen los policías entrenados para espiar a los vecinos sobre los que el Gobierno desea tener más información. Las escuchas telefónicas ilegales, los drones, las cámaras callejeras, los archivos de la tarjeta SUBE y el inquietante registro de datos biométricos que desde el ministerio de Seguridad silenciosamente perfecciona la identificación y el seguimiento de todos los habitantes del país cierran el círculo de la vigilancia K, sin que el Congreso o la justicia siquiera intenten controlarla.
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- 03/08/15
Por más de tres años, hubo 824 teléfonos “pinchados”
DENUNCIAS POR ESPIONAJE.
Las escuchas telefónicas se habían multiplicado sin control. Claudio Savoia
El 11 de octubre de 2011, agentes de la ex SIDE compartieron sus sospechas con el juez federal Sergio Torres respecto a una posible operación de espionaje británico a través de una agencia de seguridad llamada Dark Star. Sin que hubiera ninguna denuncia, le pidieron pinchar varios teléfonos de sus responsables para seguir esa pista, lo que técnicamente se conoce como “precausa”, es decir una zona gris en la que los espías escudriñan a cualquiera e incluso intervienen sus comunicaciones aunque no exista contra ellos ninguna acusación. Pero aquella excusa era una trampa: en abril de este año, el fiscal federal Federico Delgado, que de buena fe había firmado el requerimiento de instrucción para iniciar formalmente la investigación sobre los supuestos espías ingleses, descubrió que no sólo el expediente no se había sorteado como él había exigido y que seguía en manos de Torres sino que las escuchas telefónicas se habían multiplicado sin control hasta llegar a 824 personas, cuyas líneas fueron intervenidas por más de tres años.
Entre furioso y avergonzado, Delgado pidió anular toda la causa, pero antes consignó en un dictamen que, pese a su origen irregular, las escuchas originadas por el sector de la ex SIDE que respondía a Antonio “Jaime” Stiuso para desnudar los negocios de su adversario interno Fernando Pocino mostraban la posible existencia de una serie de delitos. Entre ellos, Delgado enumeró que un espía “habla con un hombre no identificado para obtener información de un organismo de Estado, y como contraprestación recibirían 15.000 pesos (cuerpo 29, hoja 135); “Scatturice hace gestiones en Migraciones para irse del país con su hija sin la documentación necesaria. Hace averiguaciones en el Ministerio del Interior. Menciona que un tal “Enrique” (podría ser el espía Barbuto) llamó a Florencio Randazzo para que lo dejen pasar, y este lo habilitó” (cuerpo 35, hojas 30, 31 y 33); “Scatturice comenta un encuentro con el jefe de la Policía Federal Argentina, y habla también de sobornos y tráfico de influencias en altas jerarquías del sistema judicial” (cuerpo 36, hoja 57 y cuerpo 37, hojas 12 y 13); “Scatturice habla con un tal “Ariel”, alias El Transportador, y se refieren a un posible tráfico de influencias y pedido de sobornos ante el Gobierno de la Ciudad” (cuerpo 44, hoja 30 y 31); “Scatturice habla de intervenir teléfonos por fuera de una causa judicial, y de la compra de permisos en la Policía de Seguridad Aeroportuaria”. Delgado también consignó que en las transcripciones de las escuchas se narra una conversación entre Scatturice y el espía Motta en la que hablan de un testigo nuevo en el juicio de la tragedia de Once, que también habría testificado en la causa AMIA y que estaría vinculado con la “Secretaría”. También se refieren a “testigos truchos” que asistirían al juicio de Once.
